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Cañete

EL PRECIO DE LA JUSTICIA EN CAÑETE.

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Hoy, el diario La Tercera en su edición Domingo, publicó un reportaje especial que da cuenta de cómo se vive en la comuna histórica siendo funcionario de la Justicia, ya sea Fiscalía o Tribunales, de las amenazas, amedrentamientos, miedos y problemas que acarrea este conflicto que va en crecimiento, sin fecha de caducidad.

Replicamos lo publicado por diario La Tercera, redactado por sus Periodistas

Rosario Mendía y Andrew Chernin

EL PRECIO DE LA JUSTICIA EN CAÑETE.

Los trabajadores judiciales de esta comuna de Arauco han tenido que acostumbrarse a amedrentamientos e, incluso, la quema de sus hogares. ¿Por qué pasa esto aquí? Es el precio, dice un magistrado, de estar en el medio de la violencia rural.

Cuando en 2003 a Luis Morales lo nombraron fiscal jefe de la Fiscalía Local de Cañete, el funcionario se alegró. Morales sería el encargado de inaugurar las dependencias judiciales del lugar y establecer el primer equipo de trabajo tras la Reforma Procesal Penal. Con un puesto importante, el fiscal se transformó en un personaje conocido en Cañete. Ahí trabajó los siguientes 16 años. Pero lo que no sabía cuando aceptó era que ahí también sufriría atentados y amenazas.

Cañete es una comuna en la provincia de Arauco de cerca de 35 mil habitantes. Se encuentra ubicada en lo que se le llama el Cono Sur de la provincia: una zona en que se concentran los atentados de violencia rural, y donde colinda la Región del Biobío con La Araucanía. Morales no había nacido ni vivía en el lugar, pero tanto su madre como su esposa eran oriundas de ahí y querían radicarse en el Biobío.

En ese entonces, trabajar en los tribunales de Cañete no era peligroso, dice Morales. El primer incidente que recuerda ocurrió en 2008, cuando su colega Mario Elgueta fue víctima de una emboscada que terminó en fuegos cruzados. Elgueta se dedicaba exclusivamente a casos de violencia vinculados al conflicto mapuche en la zona. Por lo mismo, había estado a cargo de la detención de líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre ellos Héctor Llaitul, quien más tarde fue declarado culpable de homicidio frustrado por ese incidente. Morales era ajeno a ese tipo de causas. “Desde entonces, la situación empeoró. Antes había algunos incidentes esporádicos, centrados fundamentalmente en ataques a forestales. Y luego empezó a ser una cosa bastante más intensa”, cuenta el fiscal, que agrega: “Hace ya unos cinco años la situación es de mayor gravedad y los ataques son cosa del día a día”.

Con el alza de incidentes, también aumentó el amedrentamiento, cuenta. Eso incluía a los trabajadores de los tribunales. Así lo recuerda también el exreceptor judicial de Cañete, Cristián Echayz. Aunque Echayz es nacido y criado en Cañete, el año 2014 decidió abandonar el lugar para no volver. “Es súper angustiante, además hay que seguir trabajando. Los funcionarios tienen familia detrás y en la casa viven todos, no se puede dormir, porque no se sabe qué puede pasar”, comenta. Echayz iba al supermercado a Concepción con tal de evitar los comentarios en los pasillos de Cañete, y dejó de asistir a eventos públicos por las amenazas. En enero de ese año, mientras Carabineros lo protegía con rondas diarias, habló con su esposa. “Esto no es vida”, le dijo, y decidieron trasladarse a la capital del Biobío. “En mi caso, no hay posibilidad de volver a Cañete, menos ahora”, dice.

Según registros del Ministerio Público, desde enero a mayo de 2021 se registraron 97 ataques en la provincia de Arauco. En su mayoría son incendios, pero también se mencionan los delitos de robo con violencia y homicidio frustrado. De estos, 43 fueron en Cañete: donde se produjo un incendio en un jardín infantil, un ataque a una capilla, además de la quema de varias viviendas particulares. Una de ellas, el 24 de abril, fue el incendio de la casa del exjuez de Cañete John Landeros. La vivienda fue consumida totalmente y la investigación sigue en curso, sin formalizados. En el lugar se encontró un lienzo que decía, “si no hay libertad para nuestros peñis no habrá paz para el gobierno”. Contactado para este reportaje, Landeros prefirió no referirse al tema.

Luis Morales estaba al tanto. Había sido trasladado a la Fiscalía de Los Ángeles en 2019, pero seguía viviendo en Cañete. “Pensé que me había liberado de ese tipo de situaciones”, dice. Pero cuando despertó el 10 de julio, se dio cuenta que no era así. Esa madrugada quemaron su segunda vivienda: una casa a 10 kilómetros de Cañete, donde soñaba con vivir una vez jubilado. “Wichafe Llaitul vive en el weichan”, decía un rayado en el portón. Esto fue al día siguiente de la muerte del comunero Pablo Marchant, quien, en un principio, fue confundido con el hijo de Héctor Llaitul.

En la mañana Morales se enfrentó a un terreno con escombros y cenizas. No quedaba nada. “Yo pienso que era una suerte de venganza, porque ahí no había forestal, ni empresa, ni es un terreno que haya estado en conflicto. No afectó a ningún vecino más que a mi casa”, dice. Junto a la Asociación Nacional de Fiscales, presentó una querella por el delito de incendio. Sigue en curso la investigación y no hay formalizados. Morales dice que no siente miedo, sino que pena y rabia. “Pena porque en realidad, viviendo tantos años acá y tratando de hacer un trabajo correcto, es triste”, dice. “La rabia porque no entiendo el propósito. ¿A quién le ayuda esto ?”.

El exfiscal está con licencia médica. Aún no decide si volver a construir la casa en la que soñaba pasar sus años de vejez. Su esposa, cuenta, se niega: “Me dice ¿para qué? Si me la van a quemar de nuevo”.

Señales peligrosas

“Magistrado, la marcha viene a una cuadra. Nos están atacando y se escuchan piedras quebrando vidrios”, dijo una funcionaria del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete la mañana del 8 de julio. En ese momento, se efectuaba el juicio contra el comunero mapuche Óscar Pilquimán, acusado por robo con violencia e intimidación. En paralelo, se había convocado a una marcha a favor de la libertad de Pilquimán. Con el mensaje de la trabajadora se activó el protocolo de seguridad, recuerda un funcionario judicial que llamaremos Luis: “Evacuar hacia el estacionamiento. Funcionarios, acusados, fiscal, gendarmes, hacia el patio”.

La manifestación que comenzó en la Plaza Caupolicán, terminó con barricadas y ataques a las instalaciones de Carabineros, la Conadi y el tribunal. En este último fueron dos los ataques, en los que una turba de aproximadamente 50 personas lanzaron piedras al edificio, señala un oficio enviado por un administrador del tribunal hacia la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción. “Fuimos objeto sin protección policial alguna de dos ataques directos al Edificio Penal”, decía el mismo documento. El administrador fue contactado por La Tercera y no quiso referirse al tema por temor a represalias.

No era la primera vez. Luis recuerda otro ataque antes de la pandemia, donde los funcionarios escaparon caminando por un estacionamiento. “Nos gritaron de todo. ‘Arranquen maricones’, ‘los tenemos identificados’, ‘sabemos dónde viven’. Uno dice son gritos al voleo, pero ese miedo empieza a estar”, cuenta. También ha escuchado de colegas que van al supermercado y los persiguen. Ahí mismo estaba el exfiscal Morales cuando se le acercó un desconocido, mientras compraba con sus hijos pequeños. “Fue a saludarme, a darme la mano y a decirme lo bonito que estaban mis hijos. Frente a eso mi reacción fue apretarle la mano más fuerte todavía y decirle ‘sí, están muy bonitos, verdad’, mirándolo a los ojos”, cuenta Morales, para así enfrentar al hombre que sentía que lo estaba amenazando. “Cañete es un pueblo, entonces todos te conocen. Y eso se hace complicado”, señala.

Pero eso se volvió algo cotidiano. En junio de 2020, una funcionaria al salir del tribunal se encontró con una quema de camiones, entre Contulmo y Purén. Los encapuchados atacaron a un par de vehículos y su automóvil recibió un balazo en la parte posterior. Afortunadamente, no le alcanzó a impactar. Meses más tarde, encontraron un camión incendiado con un rayado que decía: “Cuídate”. El mensaje iba dedicado a la jueza Paula Caprile, magistrada y vocera de la Agrupación de Víctimas del Biobío. “En promedio hay un evento diario de violencia por acá”, dice Luis, quien comenta que el miedo que sienten los trabajadores se sustenta en los hechos.

Según la fiscalía regional del Biobío, en esa región hay 31 medidas de protección vigentes. Doce de ellas son en Cañete, que es la comuna que concentra la mayor cantidad de medidas de protección decretadas por esa fiscalía. “Antes, era una función pública de cualquier lugar del país, normal y respetado. Después de esos hechos tiende a ir cambiando la apreciación de la gente, en especial de las comunidades. Las personas no logran distinguir entre funcionarios, administrativos, jueces. Mezclaba a todos en la misma bolsa: ustedes me condenaron, ustedes me persiguen”, dice Luis, y agrega que, para quienes los atacan, los judiciales “son partes de ese estado opresor”.

Luego de la carta enviada por el administrador del tribunal, la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud) solicitó que se tomaran medidas de protección. Así comenzó un proceso que escaló a la Corte Suprema, desde donde levantaron una investigación liderada por el ministro Arturo Prado. El 27 de julio se publicaron las medidas que acordaron desde la Corte Suprema para la protección de los trabajadores del Poder Judicial de Cañete.

Dejar Cañete

“Destacan que varios funcionarios han sufrido “encerronas” durante el traslado a sus hogares, no obstante vivir a minutos de los juzgados. Se expone el caso de la jueza de Letras que tiene que circular en un vehículo blindado, o el caso de un juez de garantía, que no encuentra arriendo disponible – “quién querría arrendarle a un juez”-, y muchos testimonios de sucesos del día a día que los hacen trabajar con el fantasma del temor”, dice el informe del ministro Arturo Prado. El texto recomienda seis medidas de protección, entre las cuales señalan mantener el trabajo telemático, evaluar bono de asignación por zona de riesgo y el resguardo de Carabineros y la PDI para trabajadores del Poder Judicial de Cañete.

El informe expuso por primera vez a nivel nacional los hechos que ocurren ahí. “Esta violencia descontrolada es producto, también, de dolores que se arrastran hace tiempo y que resurgen y se atizan, porque ellos encarnan una suerte de lucha colectiva. Y nosotros estamos al medio. Nosotros somos parte del Estado”, explica Prado. Aclara también que la situación no tiene que ver con Cañete mismo, sino con el tejido social de la IX, X y XI Región.

Aunque Prado denunciaba la realidad de la comuna, los vecinos no se tomaron bien la resolución. “Nos parece preocupante, considerando que hay cientos de familias que se ven amenazadas todos los días”, dice el concejal de la comuna, Cristián Medina. “Con esto se demuestra que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría”, agrega, explicando que la molestia tiene que ver con que el personal, que es limitado, estaría siendo destinado a resguardar solo a un grupo de personas. El gremio de contratistas forestales también evaluó negativamente la decisión. Y desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó las medidas, principalmente la decisión de cumplir las órdenes judiciales telemáticamente. De los jueces que ejercen actualmente en la comuna, ninguno aceptó referirse al tema.

El ministro Arturo Prado explica que la preocupación de la Corte Suprema es que no se interrumpa la continuidad de los servicios judiciales. “Yo no les puedo pedir a los funcionarios judiciales que el día que se lee una sentencia existan dos agresiones reiteradas respecto del edificio donde se está llevando a cabo la audiencia”, dice. Que se hable de un trato de privilegios a Prado no le parece justo. “Esto no es para proteger solamente a los funcionarios del Poder Judicial (…). No estamos velando por prerrogativas de un grupo especial del Estado, sino que estamos velando para que las personas que son usuarias del Poder Judicial (…) lo hagan con garantías de absoluta ecuanimidad y tranquilidad”.

Pero eso, cree Luis, no está pasando. Al menos para ellos. Por eso explica que haya compañeros que le han dicho que quieren pedir el traslado. Y aunque él ha vivido siempre aquí, ahora está pensando en irse. Su razón es rotunda: “Cañete -dice- es el lugar más peligroso hoy para trabajar como funcionario del Poder Judicial”.

Cañete

La empresa Cañetina DITNOVA presentó innovador anticorrosivo autorreparable en Seminario sobre Corrosión Expo Corronav.

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En el seminario organizado por la Armada de Chile, la empresa regional DITNOVA presentó su disruptivo producto, una pintura anticorrosiva autorreparable desarrollada junto a la Universidad de Concepción, que está revolucionando al sector del mantenimiento industrial en nuestro país.

La empresa Cañetina DITNOVA presentó innovador anticorrosivo autorreparable en Seminario sobre Corrosión Expo Corronav.

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Cañete

DITNOVA, una empresa cañetina, marca un nuevo hito en la fabricación de pinturas y recubrimientos.

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En Cañete, DITNOVA, una empresa de desarrollo tecnológico de la Región del Bío Bío, ha logrado un importante avance con el lanzamiento de una línea completa de pinturas, pastas de recubrimiento, protectores, aditivos y anticorrosivos en la histórica comuna de Cañete.

Estos productos, desarrollados y certificados por la Universidad de Concepción, representan un gran avance tecnológico y ofrecen beneficios para diversas industrias del país.

A lo largo de los años, DITNOVA ha trabajado estrechamente con la Unidad de Desarrollo Tecnológico y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Esta alianza ha sido fundamental para llevar a cabo investigaciones y desarrollos que tienen un impacto positivo en la industria. Los productos resultantes son de alta calidad y rendimiento, habiendo superado rigurosas pruebas en los astilleros de Asmar y múltiples pruebas, destacando por su eficacia y enfoque en la sostenibilidad. Además, se han utilizado aditivos innovadores derivados de residuos vegetales, así como nanopartículas de cobre y diatomeas, para crear productos anticorrosión duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Se agradece al ministerio de ciencias y al FONDEF por acompañarnos en el cumplimiento de todos los hitos.

Este importante lanzamiento marca el cierre de un ciclo fructífero de colaboración entre la academia y el sector privado. DITNOVA y la Universidad de Concepción se enorgullecen de ver cómo los avances científicos y tecnológicos se convierten en productos que generarán un impacto positivo en la economía regional y en el mantenimiento industrial. Ambas partes esperan continuar esta exitosa alianza en futuros desarrollos.

La introducción de la línea de productos CÓLORBRI no solo impulsará la economía de la Región del Bío Bío, sino que también creará oportunidades de empleo y contribuirá a consolidar la región como un centro de innovación y desarrollo tecnológico industrial. Se invita a la industria regional a preferir los productos y soluciones ofrecidos por DITNOVA, ya que cuentan con la capacidad y flexibilidad productiva para adaptarse a las diversas necesidades empresariales de la región.

Ya se han visto resultados exitosos donde las soluciones de DITNOVA han ayudado a mejorar los procesos productivos en la industria de la madera con desmoldantes, pintura en spray, pastas de trefila y protectores hidrorrepelentes, superando los resultados obtenidos con los productos actualmente comercializados en esta industria.

Los productos CÓLORBRI estarán disponibles en el mercado a partir del segundo semestre de este año y se espera que tengan un impacto notable en una amplia gama de industrias que requieren pinturas y productos para la protección y el mantenimiento industrial. Además, la proximidad de DITNOVA a sus clientes reducirá significativamente los gastos logísticos y de importación, contribuyendo así a disminuir la huella de carbono.

Tanto DITNOVA como la Universidad de Concepción están comprometidos con la búsqueda continua de soluciones sostenibles y la promoción del progreso tecnológico en beneficio de la sociedad. Ambas partes esperan seguir colaborando estrechamente para desarrollar nuevas soluciones innovadoras que impulsen aún más la economía regional y promuevan la sostenibilidad en la industria nacional.

Se invita a la industria regional a darle la oportunidad a DITNOVA de convertirse en un proveedor confiable y de alto estándar, con la capacidad técnica y productiva para desarrollar soluciones a medida de cada cliente industrial.

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Cañete

Delegado presidencial del Biobío detalla accidente aéreo: sobreviviente viajaba con su esposo.

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El delegado presidencial de la región del Biobío, Humberto Toro, entregó detalles sobre el accidente registrado en Isla Mocha, que dejó a cuatro personas fallecidas. 

En particular, la situación se generó luego de la caída de una avioneta, donde viajaban cinco personas, de las cuales una sobrevivió. 

Al respecto, la autoridad enfatizó que se trata de una “avioneta que capotó a 150 metros de la costa básicamente de la isla, es decir, bastante cerca del despegue, por lo tanto, significa que había despegado, había alzado vuelo y algo ocurrió, por lo tanto, será materia de la investigación que cayó a 150 metros de la costa, es decir, prácticamente el sector plata de la isla”.

“Y la avioneta, de acuerdo a los antecedentes, (…) con el transcurso del tiempo se pudo establecer que iban cuatro pasajeros más el piloto. Y lo que tenemos hasta el momento es una persona grave, de sexo femenino, que está en la posta de la isla, y ha salido un helicóptero de la Armada hace un rato atrás para ir a buscarla y trasladarla urgentemente a la posta”, agregó. 

“Y los otro cuatro pasajeros, tres pasajeros que fueron encontrados en un momento, y un cuarto que fue encontrado hace unos minutos atrás, lo que indica que tenemos ya cuatro pasajeros lamentablemente fallecidos que se encuentran en este momento en la isla”, sostuvo. 

Asimismo, reveló que “cuando capotó la avioneta, como hay personas que están cercanas a este sector del aeródromo, pudieron concurrir rápidamente al rescate, por lo tanto, llegaron ahí Carabineros y la Armada, más los pescadores y habitantes del lugar, y por lo tanto, pudieron concurrir al lugar que estaba bastante cerca”. 

Efectivamente la persona de sexo femenino nadó, pero está muy grave, por lo tanto, no tuvo mayor reacción que la situación de rescate que se tuvo con ella y, por lo tanto, está en una condición muy compleja al interior de la posta de la isla”, aseguró la autoridad. 

“Y, en el caso del piloto, que efectivamente es un piloto muy avezado, que llevaba muchos años trabajando de traslado entre la isla y el continente. Salía permanentemente desde Cañete hacia la isla, por lo tanto, es alguien conocedor del clima, de la forma de cómo operan los sistemas interiores de la isla y también del traslado hacia el continente”, informó. 

Además, señaló que “el tiempo estaba bien, de acuerdo a los antecedentes, estaba despejado, no había viento en el sector del continente. Es posible que hayan brisas mayores en la isla, pero de todas maneras está despejado, La investigación determinará los hechos, pero todo indica que podría ser quizás alguna falla mecánica o algo, porque básicamente se cayó casi al alzar el vuelo”. 

Ocupantes de la avioneta

En cuanto a los pasajeros, el delegado indicó que “lamentablemente, una de las personas trabaja en un programa de Gobierno que se llama ‘Pequeñas localidades’, al parecer es un arquitecto y que además estaba trabajando en un su programa, prestándole servicio a la municipalidad de Lebu”. 

Y la persona de sexo femenino al parecer es su esposa, ella también en un momento, hace tres semanas, junto con carabineros fuimos con un helicóptero, dado que estaba con síntomas de embarazo, de aborto, y por lo tanto, se le fue a buscar urgentemente a la isla para trasladarla al continente y estaba bastante bien después de haber sido revisada”, comentó. 

Fuente: tvn.cl

JUAN CARLOS PAUL PILOTO DE LA AVIONETA SINIESTRADA

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